La Cruzada Contra la Droga (II)

En la primera parte de esta serie de artículos analizamos las causas más destacadas del origen de la prohibición contra las drogas, mientras que en esta segunda parte desarrollaremos la historia de la propia prohibición. No se lo pierdan, pues esta es una historia que merece la pena ser conocida.

Cuando los Estados Unidos se hicieron con las Filipinas, tras la guerra de 1898, un buen número de misioneros anglicanos (entre los que destaca el obispo de la iglesia episcopal Charles H. Brent, amigo íntimo del gobernador y futuro presidente Thaft) desembarcaron en el archipiélago con el objetivo de civilizar rápidamente a los nativos. Fervientes prohibicionistas, por razones morales, estos misioneros maniobraron para acabar con el consumo de opio por parte de la población local y en particular de los inmigrantes chinos. Con el soporte inestimable del joven y políticamente ambicioso Dr. Hamilton Wright, que fue nombrado por el gobernador Thaft para estudiar el problema del opio, los misioneros consiguieron que en 1905 el congreso aprobara una prohibición para el tráfico del opio en Filipinas, excepto para uso médico. La iniciativa se enmarcaba en el contexto de un esfuerzo supuestamente humanitario, moralizador y civilizador, así que las autoridades coloniales ofrecieron gratuitamente tratamientos de desintoxicación que consistían en la administración de… heroína. De los 12.700 opiómanos que tenían las autoridades identificados, apenas seis (seis, no seis mil; seis) tenían algún interés en cambiar de hábito. Cuando la prohibición entró en vigor, algunos consumidores se acogieron a realizar el tratamiento con heroína (en términos de toxicidad, podría afirmarse que fue peor el remedio que la enfermedad), otros se trataron mediante abstinencia (gradual o brusca) y otros tantos se limitaron a proveerse a través del mercado negro y el contrabando.

En 1906, el obispo Brent maniobró para que el presidente Roosevelt convocara una conferencia internacional para controlar el comercio de opio, ya que sin un compromiso internacional resultaría muy difícil que la prohibición del comercio del opio en Filipinas tuviese éxito. El presidente Roosevelt, poco dado a las mojigaterías de Brent, vio en esta conferencia una oportunidad para consolidar el liderazgo internacional pujante de los Estados Unidos y, en particular, mejorar sus delicadas relaciones con China (que durante el siglo XIX había tenido problemas con el opio, aunque hacía décadas que los había resulto despenalizando su producción, comercio y consumo, convirtiéndose de hecho en un exportador neto del fármaco).

Para 1909 se convocó en Shanghái la primera Conferencia Internacional del Opio. Justo antes de la conferencia, el Dr. Wright exhortó al Congreso que aprobase alguna medida que justificara el interés de los Estados Unidos en controlar el tráfico de la sustancia, ya que la prohibición solo estaba vigente en Filipinas. El Congreso aprobó entonces la Smoking Opium Exclusion Act, que impedía la importación de opio a los Estados Unidos con la finalidad de ser fumado.

El Dr. Wright, notable dipsómano (condición que a la postre acabaría con su carrera y con su vida), se dio cuenta que difícilmente se conseguiría ilegalizar el tráfico y consumo de narcóticos mediante la penalización directa, ya que esto implicaría una enmienda constitucional (como acabó sucediendo con la Ley Seca), así que apostó desde el principio por promover una combinación entre leyes impositivas federales y tratados internacionales que acabasen teniendo el mismo efecto que la penalización directa sobre el tráfico de narcóticos. En la conferencia de Shanghái, de resultados decepcionantes para Wright y Brent, que esperaban un compromiso internacional para la prohibición del opio salvo uso médico, solo se consiguió que los 12 países asistentes firmasen un par de recomendaciones que se correspondían con sus intereses: la recomendación que los países firmantes tomasen medidas para la gradual supresión del opio fumado y la recomendación de que no se exportase opio a países cuyas leyes prohibían la importación (como había sucedido en China antes de la primera guerra del opio). Las delegaciones de los países europeos recibieron con asombro los argumentos de la delegación americana, que atribuía al opio propiedades inherentemente malignas que requerían de la necesaria prescripción médica para ser contrarrestadas, y no accedieron a sus ambiciosas pretensiones. El Imperio Otomano, que se negó a asistir a la conferencia, se comprometió formalmente a no asistir en lo sucesivo a cualquier cumbre internacional en las que se tuviese que discutir con misioneros asuntos de tanta trascendencia económica y médica como era la cuestión del opio (la delegación americana estaba compuesta exclusivamente por el obispo Brent, el Dr. Wright y otro religioso).

Wright y Brent, de vuelta a Estados Unidos, se pusieron manos a la obra e instaron al Congreso a controlar severamente el tráfico del opio. En los Estados Unidos (ni, de hecho, en ningún lugar del mundo) no había aún una ley federal de carácter represivo contra el tráfico y consumo de narcóticos, y como ya se ha comentado, Wright quería impulsarla haciendo uso de las prerrogativas impositivas del gobierno federal para sortear el engorroso trámite de modificar la Constitución. Un diputado por Vermont llamado Foster presentó, en 1910, una propuesta de ley en ese sentido acompañada de un informe escrito por el propio Wright que señalaba, entre otras sandeces, la relación entre el consumo de cocaína y la violación de blancas por parte de negros en los estados del sur. Wright concluía su informe con la siguiente frase: «La meta del proyecto de ley es traer todo el tráfico y el abuso de drogas a la luz del día, y crear con ello una opinión pública contra su empleo». Crear opinión pública sobre un problema inexistente es el preludio de toda profecía autocumplida. Desde su invención hasta su prohibición, los casos de muerte por sobredosis de heroína al año en todo el mundo se podían contar con los dedos de una mano, si es que había alguno. No había tampoco heroinómanos que fuesen como los yonkis que todos tenemos en mente, siendo sus usuarios más asiduos individuos de clase media, muchos de ellos médicos, que podían llevar a cabo su vida sin demasiadas dificultades a pesar de su adicción y que no generaban problemas sociales de ningún tipo.

Con la Ley Foster, que no acabó prosperando en el Congreso por desmedida, el Dr. Wright y los moralistas de su calaña inauguraron una era de propaganda que, a base de ser repetida, acabó calando con el paso del tiempo en los corazones y mentes de casi todos los habitantes del planeta. Estos clichés y estereotipos, que una experiencia directa con cualquier psicofármaco demonizado podría desmentir con facilidad, han justificado por algún extraño motivo solo atribuible a la hipocresía o la ignorancia (cabe recordar las palabras de Thomas Jefferson) las medidas más draconianas en relación con el tráfico, producción y consumo de estupefacientes.

En 1911, Wright y Brent se dirigieron a la Haya para celebrar una segunda convención internacional con el objetivo de avanzar en la prohibición del tráfico de narcóticos. Esta vez, los 12 países asistentes (de los 58 que había entonces) acordaron controlar la preparación y distribución de opio, morfina y cocaína, limitando sus usos a los médicos y legítimos (sin especificar qué significaba usos legítimos), y el de sus derivados que pudieran dar lugar al abuso. La Convención de La Haya, firmada en 1912, no entró en efecto hasta 1914, después de dos conferencias más en las que finalmente asistieron 44 de los 58 países que había en el mundo (por presiones de los Estados Unidos). Cabe destacar que solo 19 de estos países ratificaron el tratado, y solo 5 pusieron en práctica sus provisiones (ya que el tratado dejaba en manos de cada país llevar a cabo las medidas oportunas para su cumplimiento). También se acordó en la Convención de La Haya no exportar estas sustancias a aquellos países en los que estuviesen prohibidas (en 1912 no había ninguno aún).

Tras el éxito parcial para los prohibicionistas en la Haya, Wright y Brent convencieron al representante demócrata por Nueva York Francis Burton Harrison para que presentara una propuesta de ley en el Congreso que desarrollara las recomendaciones y los acuerdos pactados en la Convención de La Haya. En 1914 el Congreso aprobaba la Ley Harrison, y en los Estados Unidos reinaba un clima cada vez más hostil contra los usuarios de distintas drogas, en especial los alcohólicos y fumadores de tabaco (por esa época, en 14 Estados ya se había ilegalizado fumar tabaco en público). Los moralistas estaban ganando la batalla política y propagandística a favor de la prohibición.

Tal y como había planeado Wright, la Ley Harrison estaba diseñada para restringir y penar el tráfico de opio, cocaína y morfina a nivel federal a través de un subterfugio fiscal y administrativo, aunque cuando se aprobó se presentó ante el gran público como una simple regulación, que no prohibición, al acceso y distribución de estos psicofármacos. Una semana después de que se aprobara la Ley Harrison, el congreso recibía un pliegue con más de seis millones de firmas solicitando la prohibición del alcohol a nivel federal. La Ley Seca, a diferencia de la Ley Harrison, requirió una enmienda constitucional, pues pretendía imponer la sobriedad a toda una sociedad bajo coacción penal, y esta pretensión tiránica requería cambios en la constitución.

Inicialmente, la Ley Harrison solo estipulaba que la cocaína, la morfina y el opio tenían que ser recetadas por médicos, y sus distribuidores debían estar debidamente autorizados y registrados. Las pretensiones de monopolización en la distribución de psicofármacos de los estamentos médico y farmacéutico quedaban pues completadas, bajo este pretexto. Como esta ley era de naturaleza registral e impositiva, se encargó fiscalizar su cumplimiento al Departamento del Tesoro. Lo que no esperaban los médicos y de hecho llevó a muchos de ellos a la cárcel fue que la administración del Tesoro entrase a valorar, haciendo uso de poderes de policía, agentes encubiertos y entrapments, qué era un uso médico y qué no lo era.

Inicialmente, el Tribunal Supremo se opuso a que la Ley Harrison, por un lado, prohibiera el consumo de opio, cocaína y morfina, y por el otro a que diera poderes de policía a la administración del Tesoro para que determinase qué uso era médico y qué uso no lo era (por ejemplo, las terapias de mantenimiento).

Hasta 1919, cuando se aprobó la Ley Seca, la Ley Harrison se aplicó siguiendo la literalidad de sus preceptos, y solo fueron modestamente condenados farmacéuticos negligentes que no llevaban al día sus registros de psicofármacos. Después de la Ley Seca, y en particular de que la Asociación Médica Estadounidense decidiera respaldar la cruzada prohibicionista, el Tribunal Supremo autoriza la interpretación expansiva de la Ley Harrison y, por primera vez en la historia del país, se comienza a perseguir la posesión, el consumo y la venta de opio, cocaína y morfina, con el objetivo de su completa erradicación. Lo mismo se pretendía hacer con el tráfico de alcohol, y el día antes de que entrase en vigor la Ley Seca, el representante Andrew Volstead, su impulsor, declaró:

Esta noche, un minuto después de las doce, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno.

Estas declaraciones, solo atribuibles a su hipocresía o ignorancia, quedaron desmentidas por la realidad pocos años después. En 1933 la Constitución de los Estados Unidos recibía una nueva enmienda derogando la Ley Seca. Tras 13 años, la prohibición solo había contribuido a la expansión del crimen organizado, a incontables muertes por intoxicación debido a la adulteración de bebidas alcohólicas, a incrementar la marginalización social de los alcohólicos, a un destacable incremento de la corrupción de los poderes públicos y a que las arcas del Estado dejasen de ingresar cuantiosos tributos. El consumo de alcohol no solo no había sido erradicado, como pretendía originalmente la medida, sino que apenas había disminuido.

Los penosos resultados de la prohibición del alcohol son idénticos a los de la prohibición del resto de drogas, pero su prohibición no fue derogada en 1933 y, de hecho, hasta 1988 fue expandida. El texto de la Convención de la Haya de 1912 fue incorporado al tratado de Versalles de 1919, de manera que se consolidó su validez internacional. Poco a poco, en el resto del mundo fue cundiendo la idea de que los Estados debían controlar la dieta farmacológica de sus ciudadanos y evitar su ebriedad. A pesar de las crecientes protestas de una parte del estamento médico norteamericano, que vio su profesión subordinada a absurdos clichés y no a criterios científicos y farmacológicos, la aplicación de la Ley Harrison implicó que el mercado de cocaína, morfina y opio cayera, por absencia de competidores legales, en manos de la Hampa. De hecho, tras la derogación de la Ley Seca, las distintas mafias empezaron a invertir recursos en el contrabando de estas drogas con notable éxito.

En el año 1925, en el Convenio de Ginebra, se estipularon cuotas de producción de psicofármacos por países, se incluyó el cáñamo y la heroína en la lista de drogas limitadas a uso médico y científico y se creó la primera autoridad internacional para la fiscalización del mercado mundial de estas sustancias, con sede en Ginebra (donde se hallaba la Sociedad de Naciones).

Este Convenio no lo firmó Estados Unidos por considerarlo insuficiente, ya que pretendía que todos los países se comprometieran a una cuota no de producción, sino de cultivo (aunque fuese vegetación que crecía en estado salvaje) de determinados precursores de estas drogas, de manera que se desforestasen todas las áreas con estas plantas que excedieran de lo establecido.

En 1931 se firmó otro convenio en Ginebra, esta vez con presencia de los Estados Unidos, en los que se concretaron las estipulaciones del de 1925 y en particular los criterios bajo los que se harían los cálculos para determinar las cuotas de producción de drogas de cada país, según sus distintos usos médicos y científicos.

El Convenio que marca un antes y un después es el de Ginebra de 1936, ya que es a partir de entonces cuando se produce una total alineación entre los criterios prohibicionistas de los Estados Unidos y los de la Comunidad Internacional. Este Convenio, llamado Convenio para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas, obliga a cada una de las partes contratantes a dictar las disposiciones legislativas necesarias para castigar severamente, y especialmente con penas de prisión u otras privativas de libertad, la fabricación, extracción, posesión, ofertas de venta, transporte, importación y exportación de estupefacientes. Prácticamente todos los países pertenecientes a la Sociedad de Naciones, salvo Bolivia y Persia, firman este tratado. La prohibición pasa a ser, a partir de entonces, una cuestión de alcance mundial.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 71 en EEUU se abrió un período que se podría considerar como de “paz farmacrática”, ya que las autoridades se limitaron a perseguir el tráfico y posesión de cocaína, heroína, morfina, opio y cáñamo mientras que la industria farmacéutica logró inventar nuevas drogas que cumplían cometidos parecidos a las prohibidas. Estas nuevas drogas eran las anfetaminas, los barbitúricos, los ansiolíticos y otros tranquilizantes mayores, y los médicos empezaron a recetarlas extensamente. Como la definición de los narcóticos fue antes legal que médica (eran narcóticos aquellas drogas prohibidas, las que determinaba la ley), la OMS tuvo serios problemas para intentar definir objetivamente los narcóticos sin caer en definiciones que también incluyeran al resto de drogas que se vendían libremente.

Como era de esperar, el gran público se inclinó mayoritariamente por el consumo de estas nuevas drogas, cuyo acceso era más fácil y barato y sus efectos incluso más potentes que algunas de las drogas que anteriormente eran de uso habitual (por ejemplo, el poder estimulante de las anfetaminas supera ampliamente el de la cocaína). El consumo de las drogas prohibidas disminuyó mientras que el de las nuevas drogas se multiplicó a un ritmo extraordinario, debido sobre todo al incremento del acceso a la asistencia médica por todo el mundo. Muchas personas, siguiendo los consejos y recetas de sus médicos, empezaron a desarrollar tolerancia y dependencia a unas drogas que en muchos casos eran igual de potentes, si no más, que las perseguidas.

Todo esto sucedía al mismo tiempo que se instauraba la persecución internacional de las primeras drogas prohibidas a raíz del convenio de 1936 y de una nueva Convención en 1961, conocida como la Convención Única sobre estupefacientes. Esta Convención introdujo matices terapéuticos al enfoque represivo de los anteriores tratados, obligando a las partes a desarrollar planes de prevención, educación, tratamiento y rehabilitación para el abuso de estupefacientes. También abrió la posibilidad a que las partes sustituyesen las penas por tráfico de drogas por tratamientos y rehabilitación, aunque el texto era lo suficientemente abierto como para que cada país adoptase el enfoque represivo que considerase más oportuno, estuviese o no orientado a la terapia. Una novedad de esta convención también fue el establecimiento de las listas de sustancias, que se pasaban a agrupar en función de su peligrosidad para establecer mayores o menores controles en su producción, uso y dispensación. Entre otros muchos sinsentidos médicos, esta clasificación puso al cannabis al mismo nivel de peligrosidad que la heroína.

La Convención única de 1961 fue el texto internacional sobre la materia con más adhesiones hasta ese momento, pues lo firmaron 74 países. Cuando se empezaron a quemar campos de coca y cáñamo en Latinoamérica o de adormidera en oriente próximo y medio, se produjo una occidentalización farmacológica en estos lugares ya que se sustituyeron los hábitos de consumo tradicionales por los de nuevas drogas sintéticas occidentales de libre acceso. Mascar una hoja de coca en Perú en 1961, según la Convención Única sobre estupefacientes, se trataba de un claro ejemplo de abuso de drogas. En cambio, tomar anfetaminas hasta la muerte, según la literalidad del texto, no suponía un caso de abuso de drogas. La diferencia entre uso y abuso residía en la autorización legal, no en criterios farmacológicos, y como subordinar la ciencia a los prejuicios suele terminar en despropósito, acabó reinando en el mundo la hipocresía y la ignorancia.  

Este estado de cosas, relativamente tranquilo, se mantuvo hasta que la oposición a los principios del prohibicionismo cristalizó masivamente en el movimiento psicodélico que tuvo lugar a finales de los cincuenta y sobre todo durante los años sesenta. Abarcar, aunque solo sea someramente, las contribuciones individuales de Huxley, Hoffman, Leary y tantos otros desbordaría la extensión de este trabajo. Solo cabe destacar que, tras una experiencia extensa y directa con los conocidos como fármacos visionarios o enteógenos (LSD, mezcalina, DMT, psilocibina, etc.), todos estos pensadores y muchas otras personas llegaron a la conclusión de que no solo no era inmoral, sino que era muy deseable, gozar de potentes instrumentos para alterar la propia conciencia. Ellos defendían que estos fármacos podían resultar muy útiles para llegar a tener una vida más dichosa, consciente y provechosa. Reexaminar los patrones de conducta, identificar automatismos y cambiar inercias, primero personales y luego sociales, eran una consecuencia ineludible para todo aquel que se aventurase a la autoexploración mediante vehículos psicodélicos.

Aunque ninguna droga enteógena estaba prohibida en los sesenta, el movimiento psicodélico fue percibido como una amenaza por el gobierno norteamericano cuando se masificó. La contribución del movimiento psicodélico al movimiento pacifista, fundamental para poner fin a la guerra de Vietnam, fue sin duda un factor determinante para que las drogas de la contracultura fueran introducidas en el Convenio de Viena de 1971 en la Lista de las drogas más controladas debido a su peligrosidad (espiritual, cabe suponer, porque físicamente hablando una dosis de LSD es menos tóxica que una copa de coñac). En este Convenio también se prohíbe y restringe el uso de anfetaminas, tranquilizantes, benzodiacepinas y otras drogas hasta el momento toleradas. La “paz farmacrática” había terminado para dar paso a una guerra sin cuartel contra las drogas.

En 1973, bajo la administración Nixon, se crea la DEA y se da comienzo a la guerra tal y como la conocemos. Este tipo de delitos contra la salud pública pasan a concentrar gran parte de los esfuerzos de la policía y las administraciones de justicia penal de casi todos los países occidentales, con endurecimientos de penas y estigmatización, a imagen y semejanza de lo sucedido en EE. UU. En la administración Reagan se incrementan notablemente las penas para la posesión de drogas para consumo propio y se establecen penas mínimas a nivel federal, siendo la década de los 80 y los 90 las décadas en las que más cruenta fue la guerra contra las drogas a nivel mundial.

En 1988 se firmó en Viena el último tratado internacional relevante en materia de drogas, con un contenido muy similar al del Convenio de 1971 con la particularidad de que también se incluían medidas de lucha contra el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas y de persecución para algunos de los precursores químicos necesarios para su fabricación.

En el caso español, el código penal y la jurisprudencia hacen referencia directa a estos Convenios a la hora de definir la posesión y el tráfico de qué sustancias está sancionada y de qué sustancias no lo está. El caso español, en relación con el de la mayoría del resto de países del mundo, tiene la particularidad que no penaliza la posesión de drogas ilícitas para consumo propio y solo la sanciona administrativamente. Hoy en día, desgraciadamente, aún se castiga de modo draconiano en muchos lugares del globo la simple posesión de cualquiera de estas sustancias prohibidas a pesar de que la guerra contra las drogas, tal y como se desarrolló a partir de los setenta, ya ha terminado.

Como todas las cruzadas, la cruzada contra las drogas no va a terminar con declaraciones solemnes a bombo y platillo, sino que se está deshaciendo discretamente. Por ejemplo, en España en el año 2010 se rebajaron las penas de los delitos contra la salud pública, tras décadas de sucesivos endurecimientos. El enfoque terapéutico, poco a poco, ha ido ganando peso tras constatar el incuestionable fracaso del enfoque represivo, caracterizado por sus pobres resultados y su alto coste. Como sucedió con la prohibición del alcohol, la prohibición de las drogas apenas ha tenido un impacto significativo en el número de consumidores y no se ha hallado correlación entre el nivel de consumo y las políticas represivas.

La derogación de la prohibición de facto, aunque no aún de iure, se da en ciertos casos como el de la marihuana en España, que ya se puede adquirir sin ningún tipo de problema en muchas asociaciones de fumadores que, si bien desarrollan su actividad al borde de la legalidad, son por lo menos toleradas por las autoridades. También se ha despenalizado el tráfico, producción y posesión de marihuana en unos cuantos países esta última década, a veces solo con finalidades medicinales y otras también recreativas. Aún queda lejos el día en que la humanidad recupere, para bien o para mal, la libertad de establecer los cauces de su ebriedad sin restricciones que vayan más allá del respeto a los derechos de los terceros. Hasta que llegue el día que se derogue la prohibición, que a buen seguro acabará llegando, cabe discutir qué nos cuenta sobre la relación entre la moral y el derecho todo este singular fenómeno.

En la tercera parte de esta serie de artículos analizaremos justamente esto: ¿Está justificada la prohibición en un estado liberal como el nuestro? Nos vamos viendo por aquí.


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