¿Qué es Barrios Altos y La Cantuta?

Un ejercicio de memoria histórica para el Perú.

El 07 de abril de 2009 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú condenó al expresidente de dicho país, Alberto Fujimori Fujimori, a veinticinco años de prisión por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves. Los casos de “Barrios Altos” y “La Cantuta” desempeñaron un papel crucial tanto en el proceso de extradición del exmandatario como en el mismo proceso judicial. La contundencia de las pruebas y el impacto social y político que dichos casos produjeron hicieron posible que los mismos sean calificados como delitos de lesa humanidad.  El 24 de diciembre de 2017 el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski emite oficialmente un indulto irregularmente procesado y el derecho de gracia al reo Fujimori, quedando este libre de cuatro condenas impuestas y otros procesos judiciales en curso. En una coyuntura como la nuestra, donde la memoria y el rigor históricos son fundamentalmente necesarios, retomamos este episodio de nuestra historia para recordar por qué debemos salir hoy a defender  nuestra dignidad.

Durante la década de 1990, en el contexto de la guerra interna del Perú –que enfrentaba por un lado y principalmente, a la organización terrorista Sendero Luminoso y, por otro, al Estado Peruano encarnado en el gobierno de Alberto Fujimori-, se creó un destacamento de agentes de inteligencia adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIN) – posteriormente conocido como “Grupo Colina”- que llevaron a cabo una serie de ejecuciones extrajudiciales so pretexto de eliminar cuadros subversivos.

Los dos casos que más conmocionaron a la opinión pública del país latinoamericano fueron los conocidos como “Barrios Altos” y “La Cantuta”. La solidez de las pruebas con las que estas se fundamentaban hicieron posible la extradición de Alberto Fujimori –cuando este se refugiaba en el amparo legal del sistema judicial chileno, quizás por ser considerado conservador en materia de extradición judicial-, para que pueda ser juzgado y procesado en territorio peruano.

La “masacre de Barrios Altos”. 

El 3 de noviembre de 1991, alrededor de las 10:30h de la noche, entre seis y diez personas –posteriormente identificadas dentro del Grupo Colina-, irrumpen en una casa del Jirón Huanta nº 840, en Barrios Altos (Lima). Ordenan a quienes se encontraban dentro a tirarse al suelo y, seguidamente, les disparan indiscriminadamente. Este operativo se saldó con 15 personas muertas –entre ellos Javier Ríos Rojas, un niño de ocho años de edad- y otras cuatro personas que resultaron gravemente heridas.

Santiago Enrique Martín Rivas, el entonces Mayor del Ejército Peruano, fue el responsable del operativo. Sin embargo, Fujimori tenía la responsabilidad de comando de este destacamento paramilitar, motivo por el cual pasaba a ser el autor mediato del crimen. Es decir, que podía disponer de los servicios de actores listos para perpetrar los delitos a instancias suyas, como lo era el Grupo Colina.

Posteriormente se inició una Comisión investigadora de dichos acontecimientos, pero esta tuvo una corta vida debido al golpe de Estado realizado por el mismo Fujimori, el 5 de abril de 1992. Con el “autogolpe”, Fujimori disuelve el Congreso de la República, instaura una nueva Constitución (1993) –aún vigente en la actualidad-, y convoca nuevas elecciones. Así, con una nueva configuración del “Congreso Constituyente Democrático” (CCD) elegido en las urnas en noviembre de 1992 –y con mayoría del partido “Cambio 90”-, no se reanudó el trabajo de investigación de dicho caso. Desde las instancias de gobierno se inició una campaña de amedrentamiento y acoso a los distintos periodistas que se atrevieran a realizar las investigaciones pertinentes. No hubo investigación seria de “la masacre de Barrios Altos” hasta el año 2001, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino.

Desaparición y ejecución de los estudiantes de la “Cantuta”.

En la madrugada del 18 de julio de 1992, nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” (La Cantuta) –ocupada por el Ejército a través de una “Base de Acción Cívica” desde mayo de 1991 por orden de Fujimori- fueron secuestrados, asesinados y calcinados por integrantes del Destacamento Colina con colaboración directa del Ejército Peruano. Posteriormente, enterraron los restos en fosas comunes improvisadas.

El día 2 de abril de 1993, el congresista Henry Pease García encuentra un documento en su escaño  firmado “COMACA” (Comandantes, Mayores y Capitanes), en donde se le revela una descripción detallada de los sucesos y la lista de los autores materiales: “un comando de oficiales y subalternos del Ejército, con conocimiento de altos mandos del Ejército y del Comando Conjunto, así como el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional”, tal y como suscribe el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Asimismo, el entonces director de la Revista Sí –Ricardo Uceda- recibe una carta con un mapa de la ubicación de las fosas. El autor de estos dibujos fue Justo Arizapana, un recolector de basura que aconteció por casualidad el traslado de los cuerpos calcinados a las fosas de Cieneguilla.

La justicia importada: sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el año 1995, la contundencia de las pruebas y la presión de las denuncias públicas obligaron al Gobierno a conformar un Fuero Militar que proceda al proceso penal contra los militares culpables por la ejecución extrajudicial de quince personas en Barrios Altos. Sin embargo, el 14 de junio del mismo año –a través de una votación del Congreso con mayoría del partido de Fujimori, “Cambio 90”- se aprueba una ley de amnistía amplia (Ley Nº 26492 o Ley “Barrios Altos”), que establecía que todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980, fueran archivadas debido al mandato imperativo de la norma (CVR 2003, 486). Así pues, los militares detenidos por el caso de la “Cantuta” y procesados por el de “Barrios Altos” quedaban libres.

El 3 de septiembre de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anula a través de una sentencia las leyes de amnistía (Ley Nº26479 y Ley Nª26492), invocando a la Convención Americana sobre Derechos Humanos –de la que el Estado peruano formaba parte. Se obligó al Estado peruano a realizar reparaciones materiales a las cuatro víctimas supervivientes de Barrios Altos (US$ 175000 a cada una) y a los familiares de cada una de las víctimas fallecidas, además de brindar atención gratuita de sanidad y becas de estudio.

El indulto político de Kuczynski.

El 24 de diciembre de 2017 el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski emite el indulto oficial y el derecho de gracia al reo Fujimori, tres días después de haberse librado de la vacancia presidencial. La inconsistencia en el informe médico que ha servido de base legal para el indulto y la irregularidad en las formas procesales del mismo han provocado una oleada de indignación en el país. Fujimori no solo quedaría libre de la condena impuesta, sino también de otros procesos judiciales e investigaciones en curso. Una serie de dimisiones de políticos y altos funcionarios del gobierno se ha venido sucediendo desde que se tuvo conocimiento de la noticia. La sociedad civil ha demostrado también su descontento a través de movilizaciones en distintas ciudades del país. La cuestión es, si la presión interna será suficiente para devolver la dignidad al país. O, tal vez, será necesario importar nuevamente la justicia.

 

República del Perú. Ministerio del Interior. 2003. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: CVR.